Inhabilitando imputados

No me avergüenza reconocer que valoro y aprecio el trabajo del juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional. Un solo hombre que llevó la dignidad las víctimas del genocidio en Argentina o Chile, que hizo que las madres gallegas durmieran más tranquilas limpiando de narcotraficantes las costas o que enrejó a tantos y tantos terroristas y mercenarios de ETA. Eso no quiere decir que mis simpatías, o antipatías, me conviertan en un ser tendencioso, parcial o me hagan lanzar conjeturas subjetivas sobre lo que los jueces del Tribunal Supremo le imputan y se debe merecer. Dios me libre. Me permito decir esto en un país donde, además del fútbol, el deporte nacional es realizar juicios paralelos que cuánto más mediáticos y opinables  son, mejor que mejor. Resulta que si no estoy mal informado, irónicamente, al juez le apartan por segunda vez de su labor al frente de la Audiencia Nacional, como si las inhabilitaciones en el curro fueran acumulables. El juez no va a ir a trabajar dos veces a su sala en el mismo día, nos vienen a decir,  como si lo contrario fuera posible. Debe de ser un personaje peligroso donde los haya, para el buen funcionamiento de nuestro impecable sistema judicial.

Se trata de una decisión de sus compañeros del Consejo General del Poder Judicial, que tal como dice la Ley, es su órgano de gobierno. Se puede inferir, sin demasiada elucubración mental, que se trata de una sanción de un órgano político. Por tanto, podemos hablar de un castigo político también. Algún partido de nuestra democracia, y paralela y sospechosamente, algunos medios de comunicación que no conocen la independencia como referencia en sus informatizaciones, se empeñan en lanzar el mensaje de que el juez estrella es igual que el resto de los mortales, y que si ha incumplido la ley debe pagar por ello. Nadie puede negar, pues, que el mensaje es de una sencillez abrumadora y que entra bien a la primera, sobre todo en una sociedad anestesiada por problemas más graves, mensajes repetitivos y noticias en tiempo real, y que reclama informaciones que no se tarden mucho en digerir.

    No puede uno pasar por alto, y se ha dicho hasta la saciedad, que este juez es el mismo que el del caso Gurtell, el de los trajes de Camps, la financiación ilegal, el cohecho y la información privilegiada. Ocurre sin embargo, que mientras se aparta sorprendentemente rápido al juez Garzón de sus investigaciones y de sus averiguaciones, se mantenga en el poder a quienes han sido acusados por él. ¿No es contradictorio? Me pregunto si aquellos que están tan satisfechos con la decisión de apartar al juez mantendrían su alegría si existiera un órgano político que inhabilitara a los presidentes de las comunidades que meten mano a la caja, a sus consejeros y a los diputados.  Claro que dirán que no es lo mismo, o que se trata de cosas diferentes: una cosa es escuchar una conversación detenido-abogado (para evitar un delito posterior) que es lo que se le imputa al juez Baltasar Garzón y otra bien distinta es desviar millones de euros en sobrecostes o recibir regalos de lujo, viajes, coches y joyas a costa de los presupuestos autonómicos. La diferencia salta a la vista. Así, mientras los que reclaman que la Justicia es igual para todos, incluido el juez, se les llena la boca con el principio de presunción de inocencia para los suyos. Mientras al juez no se le deja juzgar, irónicamente, al político imputado por corrupción se le mantiene al frente de las cuentas públicas, el primer lugar del que habría que apartarle, para evitar tentaciones posteriores. Incluso, en base al mismo principio constitucional, aquel que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, permanecen al frente de la cosa pública, paradójicamente, gestionando el dinero de nuestros impuestos, que tanto nos cuesta ganar a los curritos de a pie. Y mientras esperamos que se dicte sentencia contra nuestros dirigentes públicos, a éste hombre ya se le abre juicio en todas sus modalidades, se le aparta y se le inhabilita a la velocidad del rayo, no una, sino dos veces. El Consejo General del Poder Judicial podría empezar a manejar la misma diligencia para todos sus asuntos, e instar a los jueces a sus órdenes a tratar con la misma rapidez las causas que tienen entre manos. Porque la Justicia es y debe ser igual para todos, para Garzón, sí, pero también para Fabra, para Camps y para Ripoll. ¿O no es eso lo que dice el Partido Popular, que todos somos iguales ante la Ley, incluido el Juez Baltasar Garzón? Lo lógico sería que como al juez, alguien les apartara de sus cargos, hasta que se dicte sentencia, y mientras tanto, seguro que los ciudadanos respiramos con muchísima más tranquilidad sabiendo que el presunto peligro está en su casa esperando resolución judicial.